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La decana del Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB), María Eugènia Gay, mostró ayer su disconformidad con la posibilidad de que se pueda mantener y prorrogar el actual plan de juzgados de cláusulas suelo, al considerar que no resuelve la avalancha de demandas presentadas contra las entidades bancarias.

En este sentido, desde el Colegio de la Abogacía de Barcelona se propone modificar el Real Decreto Ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, a fin de implementar medidas reales de mediación en este tipo de conflictos y evitar que queden únicamente en manos de las entidades bancarias.

En el acto de presentación del Informe de la Justicia 2018, publicado por esta institución, María Eugènia Gay aseguró que "su implementación por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la prórroga de las medidas que los crearon ha demostrado, de forma evidente, que no resulta capaz de resolver la avalancha de demandas presentadas contra las entidades bancarias".

Achacó la decana esta imposibilidad a las demandas individuales presentadas por los consumidores en materia de condiciones generales de la contratación en la financiación hipotecaria.

También, se mostró tajante cuando añadió que ni los medios, ni la organización de estos juzgados han sido los adecuados, por lo que se han colapsado ante el elevado número de reclamaciones que se han presentado.

A este respecto, hizo notar que el propio CGPJ ha publicado que la tasa de resolución -que es el cociente entre el número de asuntos resueltos y el de los ingresados en Barcelona- en este tipo de procedimientos, desde el segundo trimestre de 2017 hasta el primero de 2018 es del 6,6 por ciento -aunque el primer trimestre del 2018 ha mejorado-, lo que supone, que se trata de una de las más bajas de toda España.

Explicó la decana que aunque la jurisdicción Civil pueda mejorar numéricamente en el tiempo de duración de sus expedientes, la percepción de los profesionales de la abogacía encuestados por el ICAB es la contraria, puesto que empeora para entre un 89 y un 93 por ciento de los profesionales, según se trate de asuntos en la primera o segunda instancia.

No obstante, la decana se refirió a que en el caso de la jurisdicción social, tanto la realidad numérica como la percepción de los profesionales es coincidente, puesto que consideran que empeora en los procedimientos de reclamación de cantidad -salarios, etc.- y en los procedimientos contra la Seguridad Social. Concluyó María Eugènia Gay, que de esta forma lo perciben los profesionales en un 96 por ciento en la generalidad de los asuntos de la primera instancia y en un 78 por ciento en la segunda.

Fuente: eleconomista.es