Entre las medidas anunciadas figuran la creación de una declaración judicial de ilicitud que sirva para probar en otro país que un menor ha sido sustraído de España y la elaboración de una ley de cooperación cooperación jurídica internacional en lo Civil para proteger a quienes han acabado en el país contra la voluntad de uno de sus padres. España es el quinto país del mundo con más casos de este tipo, sólo por detrás de Estados Unidos, Reino Unido, México y Alemania...+