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Según el Gobierno, un ciudadano no tiene derecho a exigir a la Administración central que se dirija él en su lengua cooficial, pues ésta sólo puede emplearse ante la Administración cuando su sede esté ubicada en una comunidad bilingüe.

Se trata de unas "consideraciones" sobre el uso de lenguas cooficiales que el Ejecutivo ha remitido a las diputadas del BNG Olaia Fernández Davila y Rosana Pérez que se quejaban del uso exclusivo del castellano en el procedimiento de concesión de ayudas para contratos predoctorales para la formación de doctores...+