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22/04/2020 - Autor: ENRIC BOTELLA


 
Una vez se vaya asimilando el impacto derivado de la pandemia causada por el coronavirus COVID-19 necesariamente una serie de personas deberán plantearse si las distintas Administraciones han actuado de forma diligente en aras a la protección de determinados colectivos que han estado en primera línea en la atención de los pacientes contagiados por el virus.
Por razones obvias el colectivo del ámbito sanitario que comprende, no sólo personal médico o de enfermería, sino también celadores,limpiadoras etc. han estado expuestos directamente a un riesgo de contagio muy elevado.
Mucho antes de desbordarse la situación en España la Organización Mundial de la Salud (OMS) en fecha 30 de enero de 2.020 declaró la situación de emergencia internacional por el COVID-19 lo que ratificó nuevamente en fecha 11 de febrero para , finalmente, decretar el estado de pandemia el 11 de marzo de 2.020.El estado español decretó el estado de alarma por Real Decreto 463/2010 el 14 de marzo de 2.020.
Ante la anterior secuencia temporal cabe plantearse si las Administraciones públicas pueden ser responsables a título de culpa o negligencia de determinadas conductas omisivas relativas a la protección de los colectivos encargados de hacer frente a la pandemia y que han resultado perjudicados por falta de medidas que debían ser facilitadas por las Administraciones competentes.Al respecto, el cauce jurídico procesal para ejercitar una eventual reclamación por daños y perjuicios sería el derivado de la responsabilidad patrimonial de la Administración ( central o autonómica) competente articulada en un primer momento por vía administrativa y ,si es denegada, ante la jurisdicción contencioso-administrativa.Al tratarse de una responsabilidad civil derivada de una culpa o negligencia el perjudicado deberá fundamentar su reclamación en dictámenes periciales que determinen la relación de casualidad del daño sufrido y la cuantía de la indemnización reclamada.
Ciertamente, nos encontramos ante un campo completamente nuevo ya que no existirán antecedentes jurisprudenciales relativos a responsabilidad de las administraciones por una pandemia pero ya , a día de hoy,en concreto, el pasado 20 de marzo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha resuelto una medida cautelar instada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos(CESM) en la que se ha requerido al Ministerio de Sanidad la adopción de todas las medidas a su alcance para que tenga lugar efectivamente la mejor distribución de los medios de protección de los profesionales sanitarios.Por tanto,cierto que estamos ante una situación novedosa pero, con toda seguridad, comportará una nueva perspectiva en materia de reclamaciones por responsabilidad derivada de la asistencia sanitaria pública.