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21/05/2020 - Autor: ENRIC BOTELLA


Recientemente han aparecido en prensa diversas noticias relacionadas con la imposibilidad de ingreso hospitalario de ancianos con síntomas de COVID-19 derivados desde las residencias en los momentos más críticos de la pandemia. Lamentablemente, la gestión de las residencias de ancianos a raíz de la crisis sanitaria del COVID-19 ha provocado situaciones verdaderamente lamentables. Quizás la más cruel es la que acaeció en muchos centros hospitalarios en los que se determinó, por parte de la dirección médica del centro que , debido a la saturación hospitalaria, se procediera a una “selección” de las personas que eran susceptibles de atención hospitalaria y ,en especial, de ingreso en las UCI.

Pasados los momentos críticos de los meses de marzo y abril quizás sea el momento de empezar a analizar, caso por caso, cual ha sido el tratamiento recibido por personas de edad avanzada que no fueron atendidas debidamente de sus patologías y en vez de intentar alcanzar una posible curación de las mismas se las “condenó” a recibir cuidados paliativos en las residencias hasta que fallecieran por síntoma derivados de la COVID-19.

Como siempre, resultará decisiva la prueba que los familiares puedan aportar de las circunstancias de la persona afectada por lo que, si bien hay que ser prudentes, lo cierto es que, con toda probabilidad, se producirán responsabilidades de diversas entidades ( hospitalarias, de las propias residencias) que podrán depurarse  tanto en el ámbito penal por delitos derivados de omisión del deber de socorro o homicidio imprudente y en el ámbito civil por negligencias graves que, acreditada la relación de causalidad, deberán comportar los correspondientes indemnizaciones por daños y perjuicios a favor de los familiares perjudicados.